No suma cero

 Mientras que la conversación política del país se deja llevar al terreno siempre resbaladizo y estéril de las teorías conspirativas, nosotros nos empeñamos en mantener abierto el debate sobre el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, dadas sus implicaciones para el acceso a la información  y las libertades ciudadanas.

Hoy me encuentro con un aporte valioso en Periodismo en línea. El blog de Raisa Urribarri recoge una entrevista a José Gregorio Silva y Luis Núñez, fundadores de la Red Académica de la Universidad de Los Andes.

 Luis Núñez aclara:

Si se trata de hacer eficientes las comunicaciones estaríamos hablando de un NAP (siglas en inglés del Network Access Point), lo cual no tiene que ver con un solo punto de acceso a la red en términos físicos, sino con programación. Se trata de que todos los mensajes que vayan al dominio .ve se dirijan a un punto. Los NAP son instancias en las que convergen los proveedores de acceso a Internet y existen en diversos países.

Tratando de interpretar (sin prejuicios) las declaraciones de la ministra Socorro Hernández pareciera que efectivamente se trata de un nodo neutro de conexión o Network Access Point, como dice Luis Núñez. Como  comentamos en una nota anterior, un nodo neutro de conexión constituye efectivamente una forma de obtener una interconexión más eficiente dentro de una determinada área geográfica,  no una gran muralla para bloquear las conexiones al exterior vía Internet como ocurre en China, con el Gran Firewall. En sí mismo el nodo único de conexión no conlleva riesgos mayores de acceso ni de violación del derecho a la información, lo cual si ocurriría en caso de la centralización de los ISP.

José Gregorio Silva advierte:

La descentralización del servicio establece las condiciones estructurales para que la democracia y la diversidad se expresen de modo natural. Socialmente es importante que técnicamente no se dependa de una única fuente porque aparece la tentación del control, independientemente de quien circunstancialmente ejerza el poder político. Hay que pensar en términos más amplios. Se trata de equilibrar los intereses de todos los sectores para que no prevalezca ninguno.

No obstante, la falta de deliberación pública en el proceso de elaboración de la Ley de Telecomunicaciones genera especulaciones por aspectos malentendidos de naturaleza técnica  y confrontaciones por potenciales riesgos de control político.

Lo que si implica graves riesgos de violación de derechos ciudadanos y de control político de la población es la prerrogativa de que se le daría al gobierno para suspender las todos los servicios de telecomunicaciones del país por razones de seguridad y defensa. Hacía allí deberíamos mover la discusión.